La cooperación público/privada en sanidad
Artículo publicado en «Diario Médico»
La cooperación público/privada en sanidad: 3 propuestas
Los hechos son incuestionables: no hay nada que nos diga que el gasto sanitario no vaya a seguir creciendo. Al contrario, el horizonte de nuevos conocimientos en biomedicina y las nuevas tecnologías que se vislumbran indican que el crecimiento será incluso más acelerado en los próximos tiempos. Esto significa, en sistemas de financiación pública, una gran tensión sobre los presupuestos públicos.
Sin embargo, seguimos con los hechos, hay necesidades insoslayables de renovación de las infraestructuras y del equipamiento en el sector sanitario que, si se someten al ritmo de las posibilidades presupuestarias, es tanto como retrasar esas inversiones ad calendas graecas.
Es por ello que casi todas las Administraciones, no sólo en España, están recurriendo a la iniciativa privada, para poder abordar determinadas cuantiosas e inaplazables inversiones, accediendo a financiación privada de infraestructuras públicas, normalmente con fórmulas que no signifiquen quebrar los límites del endeudamiento de las Administraciones.
Adicionalmente, en algunos casos, se valora no solamente la colaboración público privada como posibilitadora de financiación adicional, sino se contempla como una aportación de valor la incorporación de la experiencia en gestión de las empresas privadas, en beneficio del servicio público. Y esto se ha hecho tanto en servicios no sanitarios, como sanitarios (el llamado “modelo Alzira”, del que recientemente se celebró su X aniversario, es el ejemplo más conocido en nuestro país).
Creemos que la colaboración público privada en sanidad no es una moda, sino que ha venido para quedarse y que, bien planteada, puede contribuir notablemente a la mejora del servicio sanitario público.
Hay algunos hechos que nos inducen a plantear estas tres propuestas: el hecho de que estas fórmulas hayan sido sometidas a intensas críticas, no siempre fundamentadas en hechos; el que las necesidades de inversión en el sector sanitario no se limitan a los edificios; y, por último, que la nueva Ley de Contratos de las Administraciones Públicas ofrece unas posibilidades que pueden ser aprovechadas para mejorar el sistema.
La primera propuesta tiene que ver las críticas a las que se ha sometido a estas fórmulas. Pero lo mejor es ir a los hechos. Construyamos una especie de Observatorio que represente un centro de conocimiento sobre cómo abordar estos procesos y, al mismo tiempo, dónde se reflejen los resultados de estas experiencias en términos económicos, de resultados en salud y de satisfacción de los ciudadanos. Nada nuevo. Algo ya existente en otros países. No hay más que darse un paseo por Internet, para ver poder ver ejemplos de dichos observatorios, tanto en Australia (www.partnerships.vic.gov.au), en Sud África (www.ppp.gov.za) o en el Reino Unido (www.partnershipsuk.org.uk)
La segunda propuesta se refiere a que la renovación en el sector sanitario y las necesidades de inversión no tienen que ver sólo con los edificios y las infraestructuras físicas, sino, y cada vez más, con los equipamientos y los sistemas de información. Ahí hay también fuertes necesidades de renovación e inversiones. El sistema de colaboración público privado ha sido utilizado en nuestro país fundamentalmente para los edificios, pero también podría ser usado para los equipamientos. Posiblemente esto obligue a adoptar el modelo, teniendo en cuenta distintos plazos, unas necesidades permanentes de renovación y mantenimiento y un activo papel de los profesionales en la definición de ciertos equipamientos.
Por último, la nueva Ley de Contratos del Sector Público posibilita el llamado “diálogo competitivo”. Esto también puede ser un gran avance. Hasta ahora las relaciones con las empresas privadas se hacían a través de un concurso articulado en un pliego al que las empresas contestaban. Si el pliego era poco preciso, la Administración podía recibir ofertas no apropiadas, si era muy prolijo y detallado, existía el riesgo de impedir precisamente la aportación de las empresas, en términos de nuevas soluciones e innovaciones. Como dice la Ley en su exposición de motivos, este diálogo competitivo está “pensado para contratos de gran complejidad en los que la definición final de su objeto sólo puede obtenerse a través de la interacción entre el órgano de contratación y los licitadores”. Parece que el legislador estaba pensando en la colaboración público privada en el sector sanitario. El establecer por parte de las Administraciones un diálogo competitivo, y al mismo tiempo ágil en los tiempos, que permitan a las empresas dar lo mejor de sí mismas en las ofertas es un aspecto clave para la mejora del modelo.
En definitiva, transparencia a través de un Observatorio; aplicación de estas fórmulas no sólo para infraestructuras físicas y hospitales nuevos, sino también para equipamiento y sistemas de información y en centros existentes; y, por último, mejorar el procedimiento de adjudicación a través de la aplicación del “diálogo competitivo”. Estas nos parecen claves del éxito de una colaboración público privada, que cada vez será más necesaria en el sector sanitario.
