Artículo publicado en «La Razón»
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Las manifestaciones a las que hemos asistido la semana pasada en Cataluña por los llamados recortes sanitarios demuestran el importante potencial conflictivo del sector sanitario y lo poco acostumbrado que está a situaciones comunes a otros sectores.
¿Cuál es el origen del problema? El sector sanitario público viene gastando de siempre por encima de su asignación presupuestaria. No estamos diciendo que gaste mucho ni poco. Con un 9% del PIB dedicado a sanidad, España gasta, más o menos, lo que le corresponde de acuerdo con su nivel de riqueza.
Pero, mucho o poco, por encima de su asignación presupuestaria. Diríase que las relaciones de las autoridades sanitarias con las económicas se basaban en la lógica: “Tú haz el presupuesto, que ya me encargo yo de las desviaciones”. Puede decirse que sanidad ha abusado del carácter de “bien preferente” de los servicios sanitarios. El tipo de los servicios ofrecidos parecía justificar cualquier gasto, estuviera o no contemplado en los presupuestos.
Esta desviación generaba un déficit anual, que se acumulaba en forma de deuda. Las víctimas de esta situación eran el sistema sanitario en su conjunto que perdía credibilidad, los proveedores que se encontraban con facturas sin pagar o con plazos de pago muy dilatados y la confianza de las autoridades económicas en la capacidad de gestión del sector sanitario.
Recientemente, debido a la crisis, todos los presupuestos públicos han bajado en todas las Comunidades Autónomas. Esto, de forma unánime en todas las Comunidades, se ha traslado a sanidad, con bajadas del presupuesto para 2011 en relación con el inicial del 2010 (mucho más con el gasto real).
Esto obliga, puesto que las prestaciones no se han modificado, a elaborar un plan de choque de reducción del gasto. Este plan de choque debe tener efectos inmediatos, si se quiere cumplir el presupuesto de 2011.
Todo parece indicar que las autoridades sanitarias en Cataluña se han tomado en serio el presupuesto y han empezado a tomar una serie de medidas. Lo más probable es que el resto de las Comunidades lo haga más explícitamente a partir del 23 de mayo.
Pero lo que hay que cambiar es la relación de las autoridades sanitarias con las económicas. Hay que salir de la lógica de haz tú el presupuesto, que ya pondré yo las desviaciones, por la del presupuesto realista y disciplina presupuestaria.
Las autoridades económicas deben estar en condiciones de entender los grandes impulsores al alza del gasto sanitario y las autoridades sanitarias de explicarlos y, al mismo tiempo, de llevar a cabo una gestión rigurosa. Un gran cambio.
