Se incluyen artículos que yo he escrito y que han sido publicados, bien en prensa general, en prensa profesional o en capítulos de libros
Ver PDF de la noticia (Artículo ACES.pn)
En la revista de invierno de 2020 de ACES, la patronal catalana de las empresas provisoras sanitarias privadas, publiqué un artículo titulado «Un sistema sanitario lleno de retos», cuyo pdf se adjunta:
En colaboración con BIOSIM, en octubre de 2020, se publicó el estudio «Bases para un proyecto de ganancias compartidas en biosimilares«, cuyo pdf se adjunta.
Ver PDF de la noticia, (Bases para un proyecto de ganancias compartidas_versión final)
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El 21 de septiembre de 2020 se hace público desde Cataluña un informe titulado «30 Mesures per Enfortir el Sistema de Salut», elaborado por un grupo de expertos distinguidos.
En el artículo, cuyo pdf se adjunta, se analizan sus luces -que son muchas- y sombras -que también existen-. Publicado en La Razón, el 27 de septiembre de 2020.
Ver PDF de la noticia (¿Será capaz el sistema sanitario de sacar las enseñanzas de la pandemia?)
La crisis del coronavirus no fue una crisis del sistema sanitario. Fue una crisis de Salud Pública o, si se quiere, de Seguridad Nacional.
El sistema sanitario reaccionó con extraordinaria agilidad a lo que fue una absoluta avalancha, y, aunque en algunas zonas de España, como Madrid, llegó al colapso, lo cierto es que fue capaz de duplicar las camas de UCI y reconvertirse por completo en solo diez días, una proeza no menor.
Sin embargo, esta crisis tiene algunas enseñanzas para el sistema sanitario, al menos en seis ámbitos: general; de salud pública y seguridad nacional; asistencial; profesionales; ciencia; y, empresas relacionadas con la sanidad.
Desde el punto de vista general, quedaron claras tres cosas. La primera, que hay que tener mucho cuidado con los recortes en sanidad. No ponemos en relación los problemas de gestión durante la crisis con los recortes que tuvieron lugar entre 2010 y 2013, pero la pandemia ha dejado claro ante la población la necesidad de contar con un sistema sanitario fuerte y bien dotado en medios y personal (público, por supuesto, pero también privado). En lo que se refiere al sistema público, la reivindicación de reforzarlo merece todo el apoyo. Pero este refuerzo no puede hacerse con la técnica de “tirar dinero desde un helicóptero”, sino aprovechar la oportunidad para avanzar en las reformas pendientes. En segundo lugar, quedaron claras las dificultades de gobernanza del Sistema Nacional de Salud. Algo ya sabido, pero que la crisis se encargó de subrayar. También, en tercer lugar, las carencias en el sistema de información, que llegó en muchos momentos a tener dificultades hasta para conocer el número de muertos o de ingresos en las UCIS. La falta de modelos de datos comunes, de interoperabilidad y de estándares es un problema mayúsculo. Ya lo sabíamos. Solo ha quedado más evidente.
En cuanto a Salud Pública y Seguridad, parece claro que Salud Pública demostró no tener un plan efectivo. Disponer de una Salud Pública robusta es una necesidad, lo que no puede hacerse con solo el 1,1% de los gastos sanitarios dedicados a Salud Pública o sin el Centro Estatal de Salud Pública, previsto en la Ley pero nunca puesto en marcha. En cuanto a la Estrategia Nacional de Seguridad, aunque se había detectado en la misma la amenaza a la seguridad nacional de las epidemias y pandemias, se ha puesto de manifiesto la necesidad de pasar de las brillantes estrategias a los planes detallados, capaces, llegado el caso, de ser operativos. La carencia de reservas estratégicas también quedó claro. Lógicamente, no es posible ni tendría sentido tener un sistema sanitario dimensionado para cualquier pandemia, pero sí disponer de unas mínimas reservas estratégicas (tal vez respiradores, equipos de protección individual, reservas de medicamentos básicos, etc.). También seguramente habrá que plantearse el no depender de cadenas de suministros tan alejadas y la necesidad de disponer de un mínimo de capacidad de producción nacional para determinados productos.
En lo que se refiere a la asistencia, quedó claro, una vez más, la necesidad de reforzar, desde el punto de vista de capacidad diagnóstica y de personal, la Atención Primaria. El no poder hacer test en los centros de salud fue uno de los grandes problemas de esta crisis. ¿Qué decir de las residencias de mayores? Faltó una identificación de sus residentes como grupo de riesgo, de nuevo un problema de Salud Pública, y el tener unas relaciones fluidas con la asistencia sanitaria y en concreto con la Atención Primaria. En un sentido más amplio, quedó clara la necesaria relación entre los servicios sociales y los sanitarios. Un fenómeno que se dio durante la crisis es el surgimiento, casi de forma improvisada, de consultas telefónicas, tanto para pacientes COVID como no-COVID. Esto es algo que tendría que quedarse y representar un impulso inicial a la telemedicina. También desde el punto de vista asistencial vimos como el sector privado colaboraba activamente con la crisis, atendiendo al 19% de los contagiados (22.000 pacientes) y realizando el 10% de los ingresos en las UCIs. Que la sanidad privada puede contribuir a resolver problemas al servicio público ha quedado claro, ¿tendrá que llegar otra pandemia para que esta facultad se desarrolle?.
En relación con los profesionales, aparte de sus actos rayanos con el heroísmo, se ha visto la capacidad para constituir de manera rápida equipos multidisciplinares, lo que no debería perderse. También el destacado papel de la enfermería cuya cualificación está muy por encima de las labores que el sistema les permite, particularmente en atención primaria. Otra cosa que quedó de manifiesto es la necesidad de un liderazgo médico, casi ausente durante toda la crisis, al revés que en los sectores farmacéutico y de tecnología médica.
Por lo que respecta a la ciencia, también se puso en evidencia la necesidad de dar más madurez a las relaciones ciencia-decisores políticos, problema no exclusivamente de sanidad sino del conjunto del país. Por otra parte, la carrera del descubrimiento de un tratamiento o de una vacuna, ha puesto de manifiesto lo que ya también sabíamos: que la ciencia no es un lujo.
Por último, las empresas vinculadas a sanidad, fundamentalmente las farmacéuticas, de tecnologías médicas y de tecnologías de la información en salud, han jugado un papel destacado. Bien directamente, o a través de Farmaindustria y FENIN, han ejercido un importante liderazgo durante toda la pandemia, en el sentido de identificar su aportación a la crisis en múltiples campos y llevar a cabo esas acciones. Con ello han demostrado lo que ya nos constaba: que no son solo proveedores, ni siquiera solo “partners”, como a veces se ha dicho para resaltar su importancia, sino elementos fundamentales de la cadena de valor del sistema sanitario. Otro elemento a aprovechar en el futuro.
¿Será capaz el sistema sanitario de aprender esas lecciones?. No será fácil. Lo veremos.
Publicado 24 de mayo, 2020, en La Razón:
¿Será capaz el sistema sanitario de sacar las enseñanzas de la pandemia?
Artículos sobre los flagrantes errores de gestión de la pandemia de la COVID, que han sido tratados de explicar por los recortes de la crisis económica del 2008 y por las llamadas «privatizaciones».
Se adjunto el pdf del artículo, publicado en La Razón el 5 de abril de 2020.
El mejor sistema sanitario del mundo
Luces y sombras de los aspectos de sanidad del acuerdo PSOE, artículo publicado en La Nueva España, de Oviedo, el 2 de enero de 2020
El pasado 28 de mayo de 2018 , La Razón me publicó una entrevista, cuyo pdf se adjunta:
Recientemente hemos asistido en el Congreso a un episodio que muestra la podemización de una parte del Partido Socialista en sanidad.
Vamos a los hechos. El Grupo Parlamentario de Podemos presentó una moción sobre la privatización de los servicios públicos de salud. En el mismo hay la consiguiente denuncia de cualquier forma de colaboración de la iniciativa privada en la gestión del servicio sanitario público. Los argumentos son los de siempre: falta de transparencia, ausencia de transferencia de riesgo, críticas al afán de lucro en sanidad, etc. Nada nuevo. Como consecuencia de lo anterior, se solicita nada menos que la derogación de las normas necesarias que permiten la provisión privada de la sanidad pública.
Sin embargo, en medio de esta crítica tan furibunda se desliza una posición por parte de Podemos que estimamos razonable: «Las colaboraciones entre la empresa privada y la pública, de existir, deberían darse dentro de un marco de buen gobierno sanitario que no existe en nuestro país». Ya el problema se plantea en otros términos: no puede haber colaboración público/privada porque no hay un buen gobierno en sanidad capaz de preservar el interés público. Este planteamiento nos llevaría a la discusión de que el auténtico problema no es tanto la colaboración público/privada, como la ausencia de buen gobierno en sanidad. Totalmente de acuerdo, lo que ocurre es que esta ausencia es un peligro no solo para la colaboración público/privada, sino también para la gestión pública y para cualquier actividad en el sector.
De todos modos, de la moción de Podemos se deduce un rechazo a cualquier colaboración del sector público con el privado en sanidad, llámese conciertos, concesiones o cualquier otra forma de colaboración.
Lo que nos sorprende es la reacción del portavoz del Partido Socialista en la Comisión de Sanidad del Congreso, Jesús María Fernández, en el debate sobre dicha moción. Dicho portavoz está realizando aportaciones interesantes al debate sanitario, como cuando solicita la recuperación del Fondo de Compensación Interterritorial o la creación de un Fondo de Innovación para estimular desde el Ministerio ciertas políticas. Pero esta vez, dándose cuenta de que el planteamiento de Podemos de rechazar cualquier colaboración público/privado en sanidad es sencillamente inviable y tal vez inspirado en la lógica jesuítica, establece una sutil distinción entre «concesiones sanitarias» y «centros conveniados». Las concesiones, malas; los centros conveniados, algo a respetar. Las concesiones fruto de la «ideología» y los «intereses económicos»; los centros conveniados, seguramente inspirados en el razonamiento lógico y el altruismo.
Una vez alejado del planteamiento inviable de Podemos, se despacha a gusto con las concesiones. Para ello no duda en recurrir a todos los tópicos al uso: «no han podido demostrar ninguna mayor eficiencia», «seleccionar pacientes más rentables y derivar los servicios más costosos al sector público», etc.
Todo ello para acabar apoyando la moción del Grupo Podemos, añadiendo además una enmienda de adicción, por si algo no había quedado suficientemente claro. El detalle de adicción consiste en apoyar al Gobierno de la Comunidad Valenciana en su decisión de no renovar el contrato de concesión sanitaria en el hospital de Alzira.
Muy interesante. Haber empezado por ahí. Ya tenemos la cuadratura del círculo: por una parte nos alejamos del planteamiento inviable de Podemos de rechazo de cualquier forma de colaboración público/privada en sanidad y, de otra, apoyamos la actitud demagógica de la Consejería de Sanidad de la Comunidad Valenciana, que viene atacando a las concesiones, bajo el peregrino argumento de hacer sinónimos sanidad pública con sanidad de gestión pública, como si los servicios que ofrecen las concesiones no fueran también servicios públicos.
No es cosa de desmontar en un artículo tan breve las descalificaciones que se hacen al «afán de lucro» en sanidad como algo absolutamente negativo e incompatible con el servicio público. El afán de lucro significa que hay que compensar al capital invertido vía dividendos o la forma que se establezca. Las empresas pueden hacer una aportación valiosa al servicio público sanitario cuando, una vez realizada esta compensación, son capaces de ofrecer un servicio más barato y de mayor calidad. ¿Es esto imposible?. En absoluto, puede hacerse por la vía de la innovación, de la buena organización y de la gestión eficiente y responsable. Desde este punto de vista, la distinción entre «concesiones sanitarias» y «centros conveniados» carece de sentido. Lo que hay que preguntarse es qué valor aportan al servicio sanitario público unos y otros. Si aportan valor, habrá que impulsarlos. Si no, habrá que replantearse la situación. Sean las malvadas concesiones o los benéficos centros conveniados.
Artículo publicado en el diario «La Nueva España» (Oviedo), 2 junio, 2016
En Asturias estamos asistiendo estos días a una aguda polémica a raíz de la incorporación al Hospital Central de Asturias, el hospital más importante de la región, de 70 médicos por traslado y por criterios únicamente de antigüedad.
La polémica consiste en que los jefes de servicio han rechazado el procedimiento, por considerar que deberían haberse valorado los méritos y las necesidades del hospital, mientras los sindicatos se manifestaron totalmente a favor, estimando que la antigüedad es un buen criterio y una forma de evitar arbitrariedades.
No pretendo caer en el antisindicalismo primario, pero en pocas ocasiones se ha visto de manera tan descarnada el negativo papel que los sindicatos vienen desempeñando en el sector sanitario público a lo largo de muchos años, hasta convertirse en un obstáculo muy serio para las necesarias reformas. Los llamados sindicatos “profesionales” no son una excepción, sino que suelen adoptar incluso las posiciones más radicales. No abogo, por supuesto, por una desaparición de los sindicatos, sino por una práctica sindical no reñida con la inteligencia y el sentido común.
Pero dar la razón a los jefes de servicio no agota el debate, si no planteamos otra serie de consideraciones.
En primer lugar, el propio régimen estatutario, que asimila a los trabajadores sanitarios del sector público a funcionarios, tan hiperproteccionista hacia los profesionales del sector. Con el concepto de “plaza en propiedad” crea una asimetría en la lógica profesional/gestión, a favor de los primeros, que suele impedir la más mínima gestión e introducción de cambios. Por otra parte, la cultura igualitarista, vinculada al régimen estatutario, reacia a la diferenciación y al reconocimiento individual y colectivo, es también muy negativa. Como tantos regímenes hiperproteccionistas se vuelve en contra de los intereses de aquellos a los que se pretende proteger, sobre todo de los profesionales más activos y motivados, primando los intereses de los más descomprometidos. Es así que cualquier reforma del sector sanitario público no es planteable con el régimen estatutario, que debería ser declarado a extinguir y, respetando los derechos adquiridos, realizar las nuevas incorporaciones por la vía del régimen laboral ordinario. Sólo entonces los conceptos de evaluación periódica, promoción, carrera profesional y retribución variable, tan necesarios, tendrán sentido, en el contexto de una gestión de personal madura.
Otro elemento que va implícito en el debate es el de la autonomía de los hospitales y centros sanitarios. Este es un tema que se planteó en los años 80 y 90 del pasado siglo, pero que se olvidó con las transferencias. Con ellas llegó la hegemonía sin límites de las consejerías y el avance hacia la autonomía de los centros sanitarios quedó archivado. Pero no puede haber modernización del sistema sin que los centros sanitarios tengan una mínima capacidad para ciertas decisiones organizativas, de personal y de adaptación de su oferta asistencial.
Por último, el tema de la gobernanza, que incluye una separación gobierno/gestión. Los gestores dirigen la compañía, mientras el gobierno (los miembros del consejo) se aseguran de que la gestión es correcta y que va en la buena dirección. Y con el consejo interviniendo en la selección, evaluación y cese del primer directivo del centro. Sólo así se garantiza una gestión madura. Algún paso en este sentido se está dando en el País Vasco y en una reciente resolución de la Asamblea de Madrid.
¿Antigüedad o méritos?. Por supuesto, méritos, pero sólo en el contexto de superación del régimen estatutario, autonomía de los centros y con una gobernanza que entienda el papel diferenciado del gobierno y de la gestión.
La crisis económica ha golpeado fuertemente al sector sanitario público, cuyo gasto ha pasado de 70.579 millones de euros en 2009 a 61.710 millones en 2013, del 6,5% del PIB al 5,9% . Este significativo descenso del gasto sanitario público, más del 12% en sólo cuatro años, es algo excepcional en el contexto europeo, dónde los gastos sanitarios continuaron subiendo en este período, aunque ralentizando su crecimiento con respecto a épocas anteriores. El gasto sanitario sólo ha descendido en el 2009-2013 en términos absolutos en los países en rescate (Grecia, Portugal, Irlanda), además de en España.
El Gobierno ha sido muy efectivo en la aplicación de medidas de reducción del gasto en el sector sanitario. Este descenso se ha “logrado” fundamentalmente con dos tipos de medidas: acciones sobre el personal, básicamente reduciendo salarios y efectivos, y sobre la industria farmacéutica, disminuyendo el precio de los medicamentos. En términos absolutos es ligeramente mayor el impacto de las medidas sobre el personal, pero en términos relativos de porcentaje de reducción del gasto, la más afectada fue la industria farmacéutica.
Otra característica de esta reducción tan significativa del gasto sanitario público es que fue hecho en ausencia de medidas de reforma que dieran una cierta sostenibilidad a los cambios introducidos (mejoras en la gestión, cambios en el modelo asistencial, lucha contra los gastos evitables, énfasis en la colaboración público/privada, etc.). Tal vez la única excepción fue la introducción del copago farmacéutico a los pensionistas, lo más parecido a una reforma de calado durante este período.
Todas estas medidas hay que contemplarlas en la perspectiva del Programa de Estabilidad, que prevé que el peso del gasto público sanitario se sitúe en el 5,3% del PIB en el horizonte 2018.
Tal vez lo más sorprendente, tras el fuerte descenso del gasto sanitario público, es que la sanidad ha estado casi ausente de la campaña electoral reciente y eso hace pensar que no era un asunto prioritario de los partidos en liza, ni estaba entre las prioridades sociales más evidentes.
La explicación no es sencilla, pero después de los descenso del gasto de 2010-2013, el gasto se estabilizó en 2014 y ha crecido ligeramente en 2015. El deterioro de la calidad sin duda existe, pero su indicador más conocido, las listas de espera, no permite un mensaje muy preocupante de la evolución del sector. En la encuesta de noviembre del CIS la sanidad continuaba sin aparecer como un problema esencial para los ciudadanos.
La pregunta es obvia: si la reacción ha sido escasa, ¿es que estaban justificados los descensos de gasto en sanidad? ¿Acaso gastábamos demasiado y la situación “normal” es la actual?
Lo cierto es que España nunca ha gastado mucho en sanidad, en términos comparativos con otros países europeos. Aunque es cierto que con esta reducción del gasto, España ha cambiado de liga en sanidad. Ha pasado de 1.577 euros/ciudadano/año en 2009, un 12% menos que la media de la Eurozona-19, a 1.348 euros, un 30% por debajo. El mismo fenómeno se da en cuanto al peso del gasto sanitario público. Puede decirse que hemos pasado de estar no demasiado alejados de los países avanzados de Europa en gasto sanitario público, a encontrarnos a la altura de Lituania y Croacia.
A pesar de la escasa repercusión social de las medidas, hay varias razones que abogan por la necesidad de una recuperación del gasto sanitario público: el envejecimiento y aumento de las enfermedades crónicas; necesidades de renovación de equipamiento (totalmente obsoleto como consecuencia de la crisis); aumento de la demanda y mayores exigencias de la misma; aparición de nuevas tecnologías, no sólo farmacológicas sino también en el área de dispositivos médicos; y, por último, la comparativa internacional, fundamentalmente con la Unión Europea de los 15
Naturalmente, este crecimiento del gasto público debe compatibilizarse con medidas de reforma: sólo el aumento de recursos público, junto con el impulso de medidas que inciten al uso responsable de los recursos y que discriminen hacia los que más los necesiten, podrá asegurar un sistema sanitario de calidad y abierto a la incorporación de la innovación, a pesar de los grandes impulsores al alza del gasto.
En este contexto, la principal prioridad de la sanidad pública es la recuperación del gasto perdido en el período 2009-2013, para volver a acercarnos a los niveles de los países avanzados de Europa. Seguramente esto no podrá hacerse en un año, dados los compromisos del déficit de nuestro país, pero sí en el horizonte de una legislatura.
Hemos visto cómo el sector sanitario ha sido castigado por la crisis y, dentro de él, el subsector farmacéutico es el que más ha sufrido en términos relativos. Es lógico que la recuperación del gasto, una prioridad del conjunto del sector sanitario, se exprese con más claridad en la industria farmacéutica.
Es en este sentido en el que hay que contemplar el acuerdo de Farmaindustria con los Ministerios de Hacienda y Sanidad, firmado el pasado 4 de noviembre de 2015. Desde una preocupación por la sostenibilidad, el acuerdo vincula el crecimiento del gasto público en medicamentos innovadores con el crecimiento de la economía: en él las compañías se comprometen por primera vez a indemnizar al Estado en caso de que este gasto crezca por encima del PIB. El acuerdo tiene una vigencia de un año, aunque prorrogable por tres años adicionales. También contempla medidas en materia de eficiencia y de colaboración en cuanto al acceso de los pacientes a las innovaciones.
Por lo tanto, este acuerdo se inscribe en la medidas necesarias para una progresiva recuperación del gasto sanitario, pero siempre desde una perspectiva de sostenibilidad, ligando esta recuperación al crecimiento económico.
El acuerdo, en vez de ser saludado e imitado por otros agentes del sector, fue durante criticado por la Organización Médica Colegial, entendiendo que se inscribe en una lógica de suma 0, con lo que cualquier subida del gasto farmacéutico iría en detrimento de otras partidas, concretamente la de los profesionales. En vez de sumarse a ese esfuerzo de recuperación del gasto sanitario que, en último término, sólo puede entenderse a la larga desde una flexibilización en los plazos o una reformulación en materia de previsiones de gasto público sanitario del Programa de Estabilidad.
Es difícilmente entendible que desde las máximas instancias corporativas médicas se mantenga una beligerancia constante contra la industria farmacéutica, hasta llegar a cuestionar el sistema de patentes. Todo ello en vez de sumarse a sus esfuerzos de recuperación del gasto sanitario público.
Este acuerdo debería ser un ejemplo para el conjunto de actores del sector sanitario, para que focalicen sus prioridades en lo realmente importante: una recuperación del gasto sanitario. Algo que sólo será aceptado por las autoridades económicas si al mismo tiempo se plantean unas medidas de reforma en profundidad del sistema, que aseguren su sostenibilidad a largo plazo. Si esto no ocurre y el gasto vuelve a dispararse, mucho nos tememos que las medidas que se tomen vuelvan a ser las mismas: acciones sobre los profesionales y sobre la industria farmacéutica.
