Entrevista publicada en «La Razón»

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¿Se debe priorizar la atención a los dependientes más severos frente a los leves?

–La ley de dependencia fue saludada como un gran paso en el reconocimiento del cambio demográfico y del envejecimiento de la población y estableció las bases de un nuevo derecho subjetivo para el ciudadano. Sin embargo, hay que decir que muchas de las expectativas que se pusieron en esa ley por parte de los ciudadanos, de las propias administraciones y de los profesionales del sector, no se han visto cumplidas. Las razones de esta decepción es que la cohesión social y territorial no se está garantizando; no existe un marco de actuación de los actores implicados; los principios de calidad y profesionalidad que promulga la ley no se están cumpliendo y, por último, hay dudas de la sostenibilidad del modelo, debido a la insuficiente financiación, a la indefinición del copago y a la escasa coordinación sociosanitaria. La ley de dependencia siempre tuvo una financiación compleja en la forma (tres administraciones, central, autonómica y local) e insuficiente en el fondo. Esta ley es una de las grandes víctimas de la crisis económica. En ese contexto, es evidente que hay que priorizar a los dependientes más severos.