El derecho de opción del paciente: en el centro de cualquier reforma sanitaria
El derecho de opción del paciente: en el centro de cualquier reforma sanitaria
Ignacio Riesgo, médico y consultor sanitario
6:00 – 1/09/2026
Con frecuencia se habla de la necesidad de un Pacto de Estado por la Sanidad. Sin embargo, ese pacto existe de facto desde hace años: el acuerdo implícito entre PSOE y PP, los dos partidos que han gobernado España durante las últimas décadas, para mantener el sistema prácticamente sin reformas. Basta revisar sus programas sanitarios.
Las razones son diversas. El PSOE, creador del Sistema Nacional de Salud, probablemente teme que cualquier cambio pueda desvirtuarlo. El PP, incorporado al consenso sanitario en 1998, parece evitar plantear reformas por el riesgo de ser acusado de querer desmantelar el sistema. A ello se añadió la extendida convicción de que España disponía del mejor sistema sanitario del mundo, así como la pérdida progresiva de liderazgo del Ministerio de Sanidad tras las transferencias autonómicas.
Acabo de publicar La sanidad al desnudo (Por una reforma integral del sistema sanitario) (Real del Catorce Editores, 2026). El propósito del libro no es presentar un programa cerrado de reformas, sino incorporar al debate público cuestiones habitualmente ausentes que puedan contribuir a construir una visión de futuro y, a partir de ella, un verdadero plan de transformación.
Con frecuencia se afirma irónicamente que los documentos sobre la reforma sanitaria son tantos que constituyen ya un género literario, dando por supuesto que el diagnóstico está hecho y que solo falta actuar. Sin embargo, varios de los asuntos abordados en el libro apenas forman parte del debate sanitario habitual, por lo que quizá el diagnóstico todavía no esté completo. El libro plantea ocho cuestiones fundamentales.
La primera es el secuestro de la sanidad pública por la Administración. La mayoría de las instituciones sanitarias públicas no funcionan como organizaciones con capacidad de gestión, sino como una prolongación de la Administración tradicional, diseñada para la estabilidad y no para organizaciones tan complejas y dinámicas como las sanitarias. Además, la gestión económica y de personal permanece en manos de las Consejerías de Hacienda y Función Pública, privando a los centros de instrumentos esenciales para gestionar eficazmente. A ello se suma que el personal sanitario público mantiene un régimen funcionarial prácticamente único en Europa.
La segunda es romper la lógica del monopolio público. Una mayor autonomía de los centros y la superación del régimen estatutario son condiciones necesarias, pero insuficientes si el ciudadano no puede elegir libremente el centro sanitario. La competencia introduce incentivos para mejorar la eficiencia, la calidad y la orientación al paciente.
La tercera consiste en construir un auténtico Sistema Nacional de Salud y no un conjunto de subsistemas autonómicos más o menos coordinados. Para ello se propone una arquitectura institucional distinta de los planteamientos confederales que pretenden convertir el Consejo Interterritorial en el órgano de gobierno del conjunto del sistema.
La cuarta aborda la necesaria participación del sector privado en la prestación de servicios públicos. Como recientemente defendía Tony Blair para el National Health Service británico, la reforma no debe ser solo de lo público, sino que debe combinar provisión pública y privada en una nueva articulación de ambas.
La quinta recupera el debate sobre el copago no farmacéutico. España, junto con el Reino Unido y Dinamarca, constituye una excepción en Europa. No parece una medida urgente, pero probablemente formará parte del debate futuro.
La sexta propone introducir incentivos reales: que los recursos sigan al paciente y abandonar la cultura de la uniformidad, favoreciendo el reconocimiento del desempeño individual y colectivo.
La séptima reclama reforzar el profesionalismo en la sanidad pública. No se trata de sustituir el papel de los sindicatos, sino de incorporar valores y mecanismos que estos, por su propia naturaleza, no pueden asumir.
La octava plantea considerar las mareas blancas como un obstáculo para determinadas reformas, ya que su defensa de una provisión exclusivamente pública carece de equivalentes en los sistemas sanitarios europeos.
Los problemas del sistema sanitario no admiten soluciones rápidas. Será necesario ganar tiempo político para acometer reformas profundas mediante un compromiso claro con su dirección y continuidad. Difícilmente bastarán las recetas habituales: el siempre anunciado refuerzo de la Atención Primaria, una pequeña subida salarial por el otro lado, algo de «más madera» (más recursos, más personal y más dinero, pero sin reformas), un poco de tecnologías e inteligencia artificial, y ya está hecho el cambio. Pero el sistema necesita cirugía mayor, no retoques.
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