Recientemente hemos asistido en el Congreso a un episodio que muestra la podemización de una parte del Partido Socialista en sanidad.

Vamos a los hechos. El Grupo Parlamentario de Podemos presentó una moción sobre la privatización de los servicios públicos de salud. En el mismo hay la consiguiente denuncia de cualquier forma de colaboración de la iniciativa privada en la gestión del servicio sanitario público. Los argumentos son los de siempre: falta de transparencia, ausencia de transferencia de riesgo, críticas al afán de lucro en sanidad, etc. Nada nuevo. Como consecuencia de lo anterior, se solicita nada menos que la derogación de las normas necesarias que permiten la provisión privada de la sanidad pública.

Sin embargo, en medio de esta crítica tan furibunda se desliza una posición por parte de Podemos que estimamos razonable: «Las colaboraciones entre la empresa privada y la pública, de existir, deberían darse dentro de un marco de buen gobierno sanitario que no existe en nuestro país». Ya el problema se plantea en otros términos: no puede haber colaboración público/privada porque no hay un buen gobierno en sanidad capaz de preservar el interés público. Este planteamiento nos llevaría a la discusión de que el auténtico problema no es tanto la colaboración público/privada, como la ausencia de buen gobierno en sanidad. Totalmente de acuerdo, lo que ocurre es que esta ausencia es un peligro no solo para la colaboración público/privada, sino también para la gestión pública y para cualquier actividad en el sector.

De todos modos, de la moción de Podemos se deduce un rechazo a cualquier colaboración del sector público con el privado en sanidad, llámese conciertos, concesiones o cualquier otra forma de colaboración.

Lo que nos sorprende es la reacción del portavoz del Partido Socialista en la Comisión de Sanidad del Congreso, Jesús María Fernández, en el debate sobre dicha moción. Dicho portavoz está realizando aportaciones interesantes al debate sanitario, como cuando solicita la recuperación del Fondo de Compensación Interterritorial o la creación de un Fondo de Innovación para estimular desde el Ministerio ciertas políticas. Pero esta vez, dándose cuenta de que el planteamiento de Podemos de rechazar cualquier colaboración público/privado en sanidad es sencillamente inviable y tal vez inspirado en la lógica jesuítica, establece una sutil distinción entre «concesiones sanitarias» y «centros conveniados». Las concesiones, malas; los centros conveniados, algo a respetar. Las concesiones fruto de la «ideología» y los «intereses económicos»; los centros conveniados, seguramente inspirados en el razonamiento lógico y el altruismo.

Una vez alejado del planteamiento inviable de Podemos, se despacha a gusto con las concesiones. Para ello no duda en recurrir a todos los tópicos al uso: «no han podido demostrar ninguna mayor eficiencia», «seleccionar pacientes más rentables y derivar los servicios más costosos al sector público», etc.

Todo ello para acabar apoyando la moción del Grupo Podemos, añadiendo además una enmienda de adicción, por si algo no había quedado suficientemente claro. El detalle de adicción consiste en apoyar al Gobierno de la Comunidad Valenciana en su decisión de no renovar el contrato de concesión sanitaria en el hospital de Alzira.

Muy interesante. Haber empezado por ahí. Ya tenemos la cuadratura del círculo: por una parte nos alejamos del planteamiento inviable de Podemos de rechazo de cualquier forma de colaboración público/privada en sanidad y, de otra, apoyamos la actitud demagógica de la Consejería de Sanidad de la Comunidad Valenciana, que viene atacando a las concesiones, bajo el peregrino argumento de hacer sinónimos sanidad pública con sanidad de gestión pública, como si los servicios que ofrecen las concesiones no fueran también servicios públicos.

No es cosa de desmontar en un artículo tan breve las descalificaciones que se hacen al «afán de lucro» en sanidad como algo absolutamente negativo e incompatible con el servicio público. El afán de lucro significa que hay que compensar al capital invertido vía dividendos o la forma que se establezca. Las empresas pueden hacer una aportación valiosa al servicio público sanitario cuando, una vez realizada esta compensación, son capaces de ofrecer un servicio más barato y de mayor calidad. ¿Es esto imposible?. En absoluto, puede hacerse por la vía de la innovación, de la buena organización y de la gestión eficiente y responsable. Desde este punto de vista, la distinción entre «concesiones sanitarias» y «centros conveniados» carece de sentido. Lo que hay que preguntarse es qué valor aportan al servicio sanitario público unos y otros. Si aportan valor, habrá que impulsarlos. Si no, habrá que replantearse la situación. Sean las malvadas concesiones o los benéficos centros conveniados.